Ventana a Rusia

En invierno, la mayor parte de los ciudadanos viven en sus casas en camiseta, pantalón corto o ropa ligera, la ventana… entreabierta. Fuera, en Siberia, la temperatura tutea a los -40 ºC, a menudo los - 25 °C en Moscú. Pero en las viviendas, el calor se hace a veces tan sofocante que hay que dejar entrar un hilo de aire glacial por una ventana entreabierta.

Herencia de la URSS, el sistema de calefacción urbana abastece a las tres cuarta partes de las viviendas. Problema: No permite regular la temperatura en cada domicilio. Esta red, la más amplia y la más antigua del mundo, fue concebida sin una preocupación excesiva por economizar el gas, el carbón o el fuel-oil. Las fábricas de producción de calor, integradas a menudo en centrales eléctricas de combinados industriales, son un derroche de carburante. En cuanto a las tuberías que transportan el agua caliente, están instaladas bajo tierra, pero a menudo sin aislamiento, lo que origina enormes desperdicios. Al final de la cadena, los planificadores urbanos no hicieron del aislamiento térmico un prioridad estratégica en lo concerniente al hábitat colectivo. Resultado: la calefacción consume un tercera parte de la energía primaria producida en el país. Fugas, vetustez, ineficacia, riesgos de incumplimiento del aprovisionamiento: urge su renovación. ¿Pero cómo financiar esta inmensa obra? La cuestión no es tan simple de resolver, y no sólo por razones contables.

La calefacción, y de forma más generalizada, los servicios relacionados con la vivienda, está considerada en Rusia cono una necesidad básica, a semejanza de la salud o de la educación. Desde la época soviética, numerosos ciudadanos considera que le incumbe al Estado el proporcionar un techo a cada uno y mantener los "servicios municipales" (calefacción, agua y electricidad) a buen precio [1], incluso gratuitos. Según un estudio del Centro Panruso de Estudios de la Opinión Pública (VTSIOM) presentado a principios de 2013, el 58% de las personas entrevistadas consideraban los servicios municipales su primer motivo de preocupación. Claro está que a principios de la década de los 90 apenas absorbía el 2% de los ingresos anuales de los hogares, contra el 8-10% de la actualidad, más incluso en las aldeas de las regiones alejadas, donde los salarios son bajos.

La calefacción está considerada en Rusia cono una necesidad básica, a semejanza de la salud o de la educación.

La ley federal indica que los gastos no pueden superar el 22% de los ingresos de una hogar. Más allá de eso, la administración paga la factura. En Moscú, ciudad muy cara dotada de una alcaldía particularmente rica, este umbral ha sido rebajado al 10%. Diversas categorías de población, como los jubilados o los veteranos de guerra, se benefician de tarifas preferenciales. Y la población valora estas conquistas. En 2005, el gobierno quiso poner en tela de juicio los lgoti [льготы], estas garantías sociales —gratuidad total o parcial de los transportes colectivos, de los cuidados y medicamentos, exoneración de los gastos comunales—, proponiendo reemplazarlos por asignaciones. Más de 500.000 personas de una centena de ciudades salieron a las calles para defender esta concepción del servicio público. Estas fueron las primeras concentraciones de amplitud desde 1991.

Si en Europa los habitantes se preocupan por la parte creciente de sus ingresos consagrada a la compra o al alquiler de una vivienda, en Rusia, donde la mayor parte de las familias se han convertido en propietarios de forma gratuita después de 1991 [2], es la factura de la calefacción, del agua y de la electricidad la que es objeto de todas sus preocupaciones. "Vladímir Putin es extremadamente escrupuloso con esto, especialmente en las pequeñas ciudades de provincia, como en Siberia", subraya el sociólogo Lev Gudkov, director del Centro de Análisis Levada. "Es lo que se encuentra en el corazón de su electorado.«Desde el fin de la década de los 90 y la llegada de Putin al Kremlin, los ingresos obtenidos por el rápido aumento del precio mundial de las energías fósiles permitieron subvencionar las tarifas de la calefacción urbana y financiar ayudas a los hogares modestos. La cuenta pagada por los hogares no cubre más que dos tercios del coste de producción del calor. La administración prefiere, a corto plazo, reducir las facturas por medio de subvenciones en lugar de invertir a largo plazo en eficacia energética para reducirlas. Las políticas sociales han obtenido incontestables resultados para reducir la pobreza. Según el Centro Levada, la proporción de rusos que consideran que sus ingresos no les permiten alimentarse han pasado del 15-20%, en la mitad de la década de los 90, al 5-6% hoy. Pero las ayudas sociales no hacen más que amortiguar los efectos de la economía de mercado sobre las poblaciones más desfavorecidas, sin corregir un modelo de privatización a ultranza implantando en un modelo administrado hasta la parálisis. Para el resto, quien quiera una pensión o una cobertura de salud dignas de este nombre deberá suscribir costosos seguros privados.»Sin duda alguna, Putin ha hecho aumentar las tarifas de los servicios municipales", explica la politóloga Maria Lipman, del Centro Carnegie. "Pero su línea roja está en no penalizar la base del apoyo popular del que se beneficia. En el fondo, compra la paz social."

El sector privado, que proporcionaba una cuarta parte de la calefacción urbana en 2005, sueña con acabar con esta sensibilidad de acordes soviéticos y recuperar la hucha de los servicios públicos locales. Decididos a tomar el relevo de la financiación pública, los operadores de mercado exigen más flexibilidad en la fijación de las tarifas. "Ningún inversor quiere arriesgar el dinero en un sector donde no decide el precio al que vende su producción", cuenta Konstantin Simónov, director del Fondo Nacional de Seguridad Energética, un gabinete de asesoramiento que ha realizado numerosos estudios sobre la calefacción rusa. "Un hombre de negocios quiere saber en cuanto tiempo va a rentabilizar su apuesta."

Las ayudas sociales no hacen más que amortiguar los efectos de la economía de mercado sobre las poblaciones más desfavorecidas, sin corregir un modelo de privatización a ultranza.

La red no se ha beneficiado de ninguna inversión masiva desde la década de 1980, y la última crisis financiera agravó todavía más la situación: los fondos asignados para la renovación de las infraestructuras de la calefacción cayeron a la mitad en 2007, sin recuperar nunca su nivel inicial. Según un documento oficial sobre la "Estrategia rusa para la energía —2030", del 65 al 70% de las infraestructuras estarían obsoletas y el 15% amenazadas de inminentes averías. Empresas privadas se declararon dispuestas a paliar esta falta de inversión. Pero el coste sería irremediablemente repercutido sobre la población. Y aquí está el poder ruso, obligado a jugar una delicada partitura entre la preocupación de mantener el colchón electoral, comenzando por el de la provincia siberiana, y la necesidad de modernizar rápidamente un sector obsoleto. El primer imperativo implica limitar el alza de precios; el segundo, aumentarlos masivamente.

Al votar la ley federal sobre la calefacción del 27 de julio de 2010, el gobierno intentó reformar su política tarifaria. El artículo 9 prevé cuatro métodos de cálculo de las tarifas, basado en el problema de encontrar un justo equilibrio entre la preocupación social y la rentabilidad de la inversión. Para el consumidor, el marco legal se muestra preocupado por mejorar la fiabilidad, la calidad y la accesibilidad a los servicios con el fin de justificar la cuenta: una factura a precio de mercado. Para las empresas, la ley incorpora el regreso del retorno de la inversión en sus métodos de cálculo de la tarifa. Pero del texto a la realidad, el paso no se ha salvado.

Una cuarta parte de calorías perdidas en el camino

El problema se ha convertido en más candente todavía cuando Putin decidió presentarse por tercera vez a la magistratura suprema en el escrutinio de 2012. Los fraudes en las elecciones legislativas de diciembre de 2011 y la represión de las manifestaciones agrietaron la relación entre el presidente y una parte de los 143 millones de ciudadanos de la Federación de Rusia. Sintiendo desmoronarse su pedestal electoral, el candidato reaccionó consolidando su base conservadora. En política exterior, esta voluntad encontró una voluntad espectacular durante la crisis ucrania. En el interior, además de un giro ideológico conservador [3], el presidente ruso decidió responder a las expectativas materiales de los electores, arriesgándose a frenar los ardores liberales de los operadores energéticos.

El regreso de la calefacción entre las grandes prioridades políticas se preparó el 19 de diciembre de 2011, en el Consejo de ministros dedicado a la vivienda. Frente a la cámara de televisión, con gesto desconfiado, Putin examina los extractos de gastos de los hogares corrientes que le presentan y se indigna al «descubrir» un aumento de 2.000 rublos (40 euros). Un importe significativo en un país donde la mitad de los ingresos era inferiores a 530 euros ese año, y donde los pensionistas a menudo se contentan con una pensión inferior a los 200 euros. Poco después de su arrebato catódico, Putin hace despedir a varios responsables de empresas públicas de la energía (calefacción, electricidad, etc.). Igualmente, el gobierno aprobó un documento obligando a las empresas del sector a declarar el nombre exacto de sus verdaderos propietarios, estando muchos registrados en paraísos fiscales.

Este estilo de dirección, que muchos observadores, como Gudkov, califican de "conservadurismo social«o de»paternalismo gubernamental«marcha, sin embargo, a la par con una política proclive hacia el mercado. Como escribe un especialista sueco de la economía postsoviética, Thane Gustafson, los dirigentes rusos ha deducido del caos de la década de 1990, que»no es a la empresa privada en sí la que hay que reprobar, sino la falta de dirección del Estado. Su solución es una colaboración pragmática público-privado, en la que el Estado juega un papel de líder en la definición de la estrategia«. La elecciones económicas de Putin se inspiraban en una visión»decididamente mercantilista, nacionalista y patriótica" [4].

Así que la calefacción es privatizada parcialmente, pero sobre todo en beneficio de sociedades rusas, por una parte controladas por el Estado: el gigante gasístico público Gazprom, que funciona más como una empresa privada; Onexim o Renova que pertenecen, respectivamente, a los oligarcas Mijail Prójorov y Víctor Vekselberg; o también una pléyade de sociedades poseídas por hombres de negocios de provincia, a veces a caballo con funcionarios bien situados en el ramo.

En cambio, "numerosas empresas no rentables permanecen en el sector público, regional o municipal", afirma Oleg Shein, diputado de la Duma regional de Astraján, miembro de la dirección de la Confederación del Trabajo de Rusia y de la Unión de Habitantes.

Las privatizaciones no han mejorado la tasa de renovación de la red, que tiene un techo del 1% por año. A este velocidad, haría falta un siglo para reemplazarla. Mientras despunta la amenaza de una avería de consecuencias dramáticas, la población se muestra cada vez más más insatisfecha de su calefacción, así como de los servicios públicos.

En parte, el fracaso está en el modelo de producción. Las grandes centrales eléctricas, que reparten el calor además de su actividad principal, proporcionan en torno a la mitad de la calefacción. Varias fueron privatizadas a partir de 2003 y sus propietarios descuidan el abastecimiento de calor, actividad menos rentable que la electricidad. La otra mitad del aprovisionamiento de agua caliente proviene de pequeñas salas de calderas vendidas o alquiladas por operadores privados. El calor transita por tuberías explotadas, en lo que a ellas se refiere, por compañías de transporte y de distribución. Ahí también falta inversión, están sobredimensionadas y mal aisladas: la cuarta parte de las calorías se disipa en el camino, contra el 6% en Finlandia, por ejemplo.

El sector privado, que proporcionaba una cuarta parte de la calefacción urbana en 2005, sueña con acabar con esta sensibilidad de acordes soviéticos y recuperar la hucha de los servicios públicos locales.

Para justificar la falta de inversiones, los responsables de las salas de calderas que siguen siendo públicas se quejan de su dependencia en materia de abastecimiento. "Es nuestro principal problema. Dependemos de nuestro proveedor de combustible, esperando que su apetito será moderado por los escalafones políticos superiores. Al final no extraemos ningún beneficio y solamente podemos mantener nuestras infraestructuras en un estado de funcionamiento aceptable", relata Nikolái Biriukov, primer adjunto al alcalde de Mytichshi, en las afueras de Moscú, encargado de los servicios municipales. Aprovechando su posición de fuerza, algunos grupos energéticos recompran salas de calderas. "Cuando no formen más que una sola entidad, los proveedores de combustible y los productores de calor no tendrán interés en reducir las cantidades de energía gastadas. Al contrario, cuanto más haga falta calentar, más consume y paga el pueblo, sea con facturas, sea por sus impuestos por la parte subvencionada de la calefacción. Y más empresas del sector se aprovecharán de ello«, deplora Piotr Fálkov, un pensionista convertido en»experto«después de haber expurgado sus extractos de facturas (leer»¿Cómo descifrar una factura?").

Forzadas, por abajo, por la política de fijación de los precios y, por arriba, por las energéticas, las compañías locales afrontan, también, la corrupción de los diputados y de los funcionarios. A principios de 2013, Der Spiegel, publicaba una investigación tras la muerte de Mijail Pajómov, una estrella ascendente del partido presidencial. El semanario alemán revelaba que el joven diputado había amasado millones de euros gracias a unas comisiones ocultas invertidas por la obtención de un contrato, en beneficio de su compañía, para la instalación de canalizaciones en su ciudad de Lipetsk [5]. Su cuerpo se encontró en un barril metálico, hundido en hormigón. "La corrupción es una de las razones que hacen imposible la reforma de este sector«, manifiesta Mijail Nikolski, que fue durante mucho tiempo responsable de distribución de la región de Krasnoiarsk.»Aquí, un conflicto de intereses entre un diputado y una compañía de abastecimiento de gas explica los precios inflados; por otra parte, es el director de la compañía de distribución quien sobrefactura los conductos de sustitución".

Putin denuncia regularmente el fenómeno y, después de cóleras mediáticas, diligentes investigaciones anticorrupción contra algunos jefes de administraciones locales. "No es sólo para el cine", explica la directora de la oficina rusa de Transparency International, Elena Panfilova. "Sin duda alguna, el presidente ruso tiene un contrato tácito con los funcionarios, cuyo numero aumentó mucho bajo sus presidencias. Les permite robar a cambio de su lealtad. En el sector de la calefacción, fija un límite a no franquear: no cobrar demasiado al pequeño pueblo que vota por él. En otras palabras, la calefacción representa un dominio del que debe escoger entre dos grupos que le son leales [6]".

En el debate sobre la estrategia a seguir, no ha escapado a los círculos dirigentes rusos que las privatizaciones realizadas en Occidente han sumido a los municipios en una situación de dependencia frente a los operadores de mercado.

¿Cómo, en estas condiciones, ganar en eficacia energética para desinflar en el futuro la factura de los hogares mientras aumenta el precio actual de unidad de caloría vendida? La ley de 23 de noviembre de 2009 sobre eficiencia energética creó las condiciones, sobre el papel, para hacer de las unidades centrales de producción menos golosas con la energía primaria. Además de la optimización de la cogeneración de calor y electricidad, se prevé aislar las tuberías para dividir por tres la pérdida. Algunos municipios, como Mytichshi, instalan sistemas que permiten a un edificio regular su consumo con salas de calderas de barrio. La operación asciende en torno a los 100.000 euros por un edificio, pero la inversión incita, en teoría, a los habitantes a mostrarse ahorradores. La falta de entusiasmo frente a los encantos del cálculo de optimización desconsola a Simónov. "Incluso si los retornos de la inversión son bastante rápidos, para nuestras mentalidades postsoviéticas es demasiado. Los rusos se preguntan por qué aceptar sacar su dinero, con facturas recargadas durante seis o siete años, aun cuando disminuyan enseguida, cuando, según ellos, la calefacción debe ser gratuita.«Así que el experto del Fondo Nacional de la Seguridad Energética propone recaudar las financiaciones extrapresupuestarias emitiendo préstamos. Una idea discutida desde hace fácilmente 15 años, sin resultado. Para denunciar la contradicción entre»un sector privatizado, pero de empresas que no pueden invertir", como lo resume Biriukov, de la alcaldía de Mytichshi, fórmulas liberales que combinan el poderío público y el sector privado, como las colaboraciones público-privado o de sistemas de concesiones, han sido considerados sin superar el estado de proyecto.

En el debate sobre la estrategia a seguir, no ha escapado a los círculos dirigentes rusos que las privatizaciones realizadas en Occidente han sumido a los municipios en una situación de dependencia frente a los operadores de mercado. La privatización de las infraestructuras no garantiza, ni mucho menos, inversiones satisfactorias, como lo demuestra la de los ferrocarriles británicos o las delegaciones de servicios concedidas a los grandes grupos en el aprovisionamiento de agua en Francia. Por otra parte, una fracción de la élites representada por Dmitri Medvédev es favorable a un modo de gobierno menos estatista, apoya la "reformas«liberales abordando la cuestión energética por la problemática del clima. En 2009, con su»programa de modernización", Medvédev esperaba, por ejemplo, dinamizar la competitividad de la economía nacional, fijando un ambicioso objetivo de mejoría del 40% de la eficacia energética de aquí a 2020.

Entre el contexto económico moroso y la necesidad para el presidente de no perder el apoyo popular, la modernización de la calefacción urbana podría esperar todavía un poco. Y los ciudadanos rusos pasar todavía algunos inviernos transpirando a —20 °C para que el sistema no tenga una avería. [7]

Régis Genté, Periodista establecido en Tbilisi para el Cáucaso y Asia central..